El autoproclamado “primer presidente liberal libertario de la historia” asumió el 10 de diciembre, con un discurso duro hacia una sociedad muy golpeada, amenazas directas de represión a los cortes de calle[1] y la promesa de un fuerte ajuste del gasto público.
A lo largo de toda su campaña presidencial se lo oyó vociferar contra “la casta política”; acción que continuó al ser elegido desde las escalinatas del congreso nacional mientras era aclamado por una multitud que aplaudía sus amenazas al grito de “Motosierra” y vivaban a la policía que vigilaba.
Es muy común que el político de turno se divida entre lo que promete durante la campaña electoral y lo que realmente cumple cuando asume el cargo. En el caso argentino, parece que esta alianza de la nueva derecha liberal lo único que no pretende cumplir es aplicar el ajuste a lo que llaman “la casta” política (de la que ahora forman parte) donde se fueron sumando de modo paulatino viejos conocidos de la política y la economía local, quienes a través del endeudameinto y la especulación sumieron al país en una crisis en el año 2016.
La promesa que sí está cumpliendo Milei es el ajuste contra la clase trabajadora. Ejemplo de ello es la brutal devaluación del 54% de la moneda argentina a través de una suba del 118% del dólar a sólo tres días de iniciado el mandato.
Esta mega devaluación junto al plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado, que ya de por sí pulverizó los salarios, generó una aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la Argentina con el gobierno peronista de Alberto Fernández, que acarreaba dos años de desbarranque económico con más de 140% de inflación con la tutela del Fondo monetario Internacional (FMI), su principal acreedor.
De acuerdo con lo pronosticado por las propias autoridades económicas en funciones, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20% y un 40%, al menos, en el próximo cuatrimestre. La receta aprobada y festejada por el FMI promete un shock inflacionario, caída del nivel de actividad, pérdida del poder adquisitivo de trabajadores registrados y aquellos que se encuentran en el mercado informal de trabajo (aproximadamente más del 50% de la población económicamente activa). Otras facciones afectadas son cuentapropistas, autónomos, jubilados y pensionados, a quienes le suspende la movilidad jubilatoria a cambio de un sistema de aumentos definidos por decreto: a estas medidas las llaman “ancla antiinflacionaria”[2].
La recesión auto inducida actuaría como mecanismo de contención de precios. De acuerdo con esta receta explosiva, la inflación de dos dígitos mensuales seria disminuída por medio del ancla salarial: es difícil imaginarse que el ajuste sobre las condiciones de vida de trabajadores quiénes se encuentren en una situación desesperante y sin garantías de poder cubrir sus necesidades básicas, pueda soportarse en los próximos días con sumisión.
“No hay solución alternativa al ajuste”
Milei anticipaba en su primer discurso que no hay alternativas al ajuste tras varios años de propaganda por medios digitales, redes sociales y televisión acompañado de la repetición de “especialistas” /gurúes económicos cuyo acicate fue la desastrosa y tambaleante administración peronista que hundió la economía del país luego de la pandemia. El repique de tambor hizo efecto en una parte de la población que mostraba hartazgo al gobierno de Fernández y convencida de la necesidad de una receta brutal para nivelar la economía.
La otra pata del “cambio” una reforma laboral (para abaratar aún más el trabajo formal) a medida de las patronales que ingresaría por medio de un mega-decreto con más de 300 artículos modificando cientos de leyes actuales de índole social: aportes y contribuciones patronales, reducción de las multas laborales por trabajo no registrado, creación de un sistema indemnizatorio como Fondo de cese Laboral donde el propio trabajador paga su despido, regulación del derecho a huelga, designación como “servicios esenciales” a la Educación telecomunicaciones y transporte que empuja a la obligatoriedad del 75% de cumplimiento normal en caso de medidas de huelga en el sector. Otras reformas son: inclusión de los bloqueos sindicales como causal de despido para desalentar las protestas que cortan el acceso a las fábricas o impiden la entrada de los trabajadores, extensión del período de prueba de los trabajadores y reducción de las indemnizaciones por medio de un nuevo sistema de cálculo (como no, a favor de los patrones).
Las medidas que impulsa Milei trastocan el sistema jurídico y económico argentino, dejando en claro que los grandes ganadores son banqueros, empresarios exportadores y especuladores financieros.
Para asegurar disciplinamiento social de quienes no acepten semejantes medidas, el ministerio de Seguridad lanzó una resolución llamada “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación” (Resol-2023-943-APN-MSG). Esta herramienta tiene por objetivo desactivar cualquier tipo de manifestación popular, autorizando a las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Areoporturaria, Policía federal y hasta el Servicio Penitenciario) a intervenir frente a “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación“, entendiéndose por tal “…cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación”.
Todo el mecanismo autoritario se encuentra condensado en una sola herramienta que en conjunto con la justicia de clase y el aparato represivo se conjuran a modo de una espada de Damócles sobre personas y organizaciones llevándose por delante inclusive derechos establecidos en la Carta Magna Argentina. El dispositivo apunta a criminalizar la protesta y judicializarla penalmente, aunque se trate de conflictos del fuero laboral, en una maniobra necesaria para ejecutar el ajuste, disuadiendo y amordazando el descontento.
En este marco, el 20 de diciembre de 2023 tuvo lugar una marcha de organizaciones de izquierda y de desocupados como conmemoración al estallido social del 2001. El gobierno amenazo los días previos a través de todos los medios, que iba a aplicar del protocolo represivo antes mencionado. Ese día, en los accesos de la Ciudad de Buenos Aires, la policía subía a los medios de transporte para registrar a potenciales manifestantes en todas las estaciones de transpoerte nuerálgicas. A pesar de las amenazas de represión, la manifestación se pudo realizar y el despliegue policial quedo como una gran puesta en escena.
La noche de ese mismo 20 de diciembre el presidente anuncio a través de cadena nacional el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) con los 300 puntos mencionados con modificaciones a todo un abanico de leyes, desde derechos laborales a territoriales cuya orientación es la desregulación y concesiones al empresariado.
De modo inmediato al anuncio de las medias se dieron “cacerolazos” en la capital y al día siguiente (21 de diciembre del 2023) hubo réplicas en otros puntos del país. Las organizaciones sindicales burocráticas o mayoritarias (CGT, CTA-T, CTA-A) buscaron acompañar la denuncia política, acusando de inconstitucional al DNU, presentando una impugnación al Palacio de Tribunales, con una gran manifestación de sindicatos, organizaciones de desocupados (parados) y partidos de izquierda. La respuesta fue un movimiento de las fuerzas de seguridad nuevamente de tinte circense, con represión en la desconcentración a manifestantes que estaban por su cuenta (sin columna) cuyo resultado fueron 7 detenidos y una mujer en el hospital, por un golpe de la policía.
Milei tiene por misión introducir realizar la reforma a como de lugar y buscando encontrar una segunda alternativa en caso de que el DNU no fuese aprobado, presentó ante el congreso la llamada “ley ómnibus” que incluye reformas no referidas en el DNU (laborales y vinculadas con el control de la protesta social).
Queda por ver hasta donde podrá ser contenido el descontento social, del cual el presidente en una entrevista periodística se mofa manifestando que que es un síntoma de una sociedad enferma con el síndrome de Estocolmo y refiriendo que las manifestaciones del 20 de diciembre en la plaza de los dos congresos son llevadas a cabo por quiénes no aceptan su victoria, gestionando un discurso directo de de descalificación hacia la clase trabajadora.
[1] Los cortes de calle o bloqueos son métodos de protesta utilizados de modo frecuente por movimientos sociales y sindicales en Argentina,
[2] Estas medidas están siendo discutidas en las comisiones del Congreso Nacional (enero 2024).